domingo, 22 de noviembre de 2009

Rectificando los Errores del Pasado, Nunca es Tarde para Hacer Valer el Derecho Por María Fernanda Diago

El 13 de noviembre de 2009, el New York Times publicó un editorial titulado “A Return to American Justice”, o “Un Regreso a la Justicia Americana”. En él se presenta la noticia de la decisión del Fiscal General de los Estados Unidos de llevar a juicio, en una corte federal en Manhattan (y no en cortes militares) a cinco de los supuestos autores de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. El New York Times califica la decisión del Fiscal General como un paso “valiente” y “con principios” dirigido hacia reparar los daños causados por el ex-Presidente George W. Bush con su decisión de “desechar el muy bien establecido sistema de justicia civil y militar respecto del trato de personas capturadas en operaciones antiterroristas”. Dice que estas personas ya no serán juzgadas de una forma que deteriora el sistema de justicia americano y que avergüenza a los americanos.

Casualmente, el mismo día hace ocho años (noviembre 13 de 2001) el Presidente Bush emitió una Orden Militar, mediante la cual autorizaba a unos tribunales militares para juzgar a los criminales (no americanos) acusados de ataques terroristas en los Estados Unidos. Comienza la Orden con la declaratoria de conflicto armado, que amerita la intervención de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y que se justifica con los ataques que terroristas internacionales, incluidos miembros del grupo Al Qaeda, han llevado a cabo en instalaciones americanas, dentro y fuera del territorio estadounidense. La Orden incluye la forma en que estas personas debían ser detenidas, tratadas y juzgadas.

Para nadie es un misterio el trato que se le dio a los individuos acusados, y que aún no habían sido declarados culpables, por los ataques terroristas. Estos individuos han estado detenidos en Guantanamo Bay, y, para la sorpresa del mundo, ha habido escándalos sobre tortura a la que han sido sometidos estos individuos. Incluso, una nueva forma de tortura salió a relucir hace unos años, el llamado “waterboarding”, el cual el Estado Americano, o más bien, la Administración Bush, negó como acto de tortura.

Han pasado ocho años desde los ataques del once de septiembre, y estas personas aún no han sido juzgadas por los actos que se alega que cometieron. Adicionalmente, por la Orden Militar de Bush, estos individuos iban a ser juzgados por comisiones militares, bajo el pretexto que se encontraban en un conflicto armado denominado “la guerra contra el terrorismo”.

Es increíble ver cómo nuestros gobernantes utilizan el derecho a su antojo, y se burlan de las normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario que llevan décadas existiendo. Por un lado, tenemos al ex-Presidente Bush, alegando la existencia de un conflicto armado (cuando no se presentan ninguna de las características de conflicto armado establecidas ya por el derecho internacional, entre otras, por sentencias de tribunales como el Tribunal para la Ex-Yugoslavia) para justificar actos que de lo contrario no estarían permitidos por el derecho internacional, como lo es el juzgamiento de civiles en cortes militares. Por otro lado, tenemos al Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, negando la existencia de un conflicto armado interno en Colombia, donde se evidencian claramente todas las características de un conflicto armado, con el fin de prevenir la intervención internacional en las decisiones del Estado. Nos encontramos pues en una era donde el derecho es utilizado como política internacional, y no al revés, como debería ser, utilizar la política, tanto nacional como internacional, en aras de garantizar el derecho.

Nunca es tarde para enmendar los errores del pasado. De eso trata el editorial del New York Times al que hago referencia en este artículo, y el cual nos muestra cómo un nuevo dirigente, Barack Obama, busca volver a la justicia, haciendo énfasis en la importancia de proteger los derechos incluso de los criminales más crueles que la historia haya visto. Como expresó el Fiscal General de los Estados Unidos, Eric Holder, al anunciar que cinco de los individuos acusados de ser los autores de los ataques del 11 de septiembre, incluido Khalid Shaikh Mohammed, el supuesto autor intelectual de los ataques, serían juzgados por una corte federal: “Después de ocho años de retraso, los presuntos responsables de los ataques del 11 de septiembre finalmente enfrentarán la justicia”.

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