lunes, 12 de octubre de 2009

NOTICIA: Toxic waters, Clean Waters Are Neglected, at a Cost in Suffering . Por Javier Valderrama

Básicamente la noticia antes mencionada, pretende demostrar a través de estudios, pruebas empíricas, entrevistas entre otros, como el agua potable en algunos de los Estados en Estados Unidos de América se ha hecho imposible de usar, pues por el agua que sale de la llave, se están transportando diferentes compuestos químicos como níquel, arsénico, bario solo por mencionar algunos de ellos, los cuales ocasionan alergias en la piel, daños en los riñones, mayores posibilidades de adquirir cáncer, quemaduras, caídas de los dientes; insumos todos provenientes de los desechos tóxicos de las diferentes industrias que tienen su asiendo de negocios en los correspondientes estados, y que al final de cuentas están afectando gravemente el derecho al medio ambiente de la colectividad sin resarcir a la comunidad el costo derivado por ello.

Cómo se mencionó en el párrafo anterior, el problema de la falta de condiciones para hacer el agua potable en ciertos Estados, no es únicamente por parte de las empresas contaminantes, sino también por la ausencia de herramientas eficaces por parte del derecho para encontrar una solución al problema, y peor aún como el lobby que realizan las distintas industrias ante los legisladores es tan importante, que no se está legislando a favor de la comunidad, sino a favor de quien pone los recursos económicos para obtener votos y conseguir un escaño en los distintos escenarios políticos.

Respecto a las instituciones relevantes, se tiene que hace unos 40 años, el congreso aprobó la ley: “The Clean Water Act”, con la cual se establecieron como objetivos eliminar los altos índices de sustancias tóxicas que se presentan en las aguas, y así mismo que una vez eliminado dichas sustancias se le asegure a los habitantes que el agua que les sea suministrada pueda utilizarse para su desarrollo y recreación.

No obstante, a partir de la ley federal antes mencionada se fue legislando[1] en pro de la misma, en donde se extendieron y fortalecieron sus efectos junto con lo cual se pretendió apoderar a los distintos entes reguladores sobre el tema, según fuera en cada uno de los Estados americanos, para que estas autoridades tuvieran la competencia para multar, e incluso encarcelar a los contaminantes de aguas que lo realizarán mediante el vertimiento de residuos tóxicos, ó más metales que se excedan en las concentraciones permitidas. Del mismo modo, se creó una Agencia Especializada en la Protección al Ambiente (Environmental Protection Agency EPA), la cual puede perseguir a todos aquellos que infringieran el acto antes mencionado, en caso que las autoridades correspondientes según fueran en cada estado no lo realizaren.

Una vez contextualizado el problema emergente sobre el tratamiento de los diferentes residuos de algunas industrias americanas contaminantes y su incidencia en los problemas de tratamiento de las aguas locales, debemos analizar si realmente, los esfuerzos legislativos americanos están realmente creando soluciones para que se acabe con esto, o si sencillamente son una serie de leyes las cuales se encargan de pretender proteger una serie de derechos, pero que en la práctica su eficacia es puesta en duda.

Para responder a esto, se debe volver a los estudios aducidos en el contenido de la noticia, los cuales son muestras claras que el compendio de leyes regulatorias sobre el tema poco o nada hacen en la realidad, pues como que en el estudio del “Times” se han ocasionado más de medio millón de violaciones sobre la citada ley desde el año 2004, que esa continua violación de la ley ha estado en cabeza de más de 23.000 empresas pertenecientes a diferentes industrias, que pese a tener en vigencia la citada ley, el 40% del total de los sistemas de aguas de los americanos por lo menos una vez han incumplido con los estándares mencionados en la ley, y el dato más comprometedor, es cuando se encuentra que menos del 3% de las violaciones que se realizan terminan en multas o en castigos para quienes las cometen.

De igual forma, en el estudio realizado por el “Times” también demuestra que la ley encargada de la regulación sobre la polución en el agua se ha quedado corta, teniendo como un claro ejemplo el hecho de los presupuestos los cuales no se han aumentando, mas aún cuando se cita el ejemplo de Nueva york en donde durante la última década, los contaminantes regulados (ajustados en ley) se han duplicado alcanzando los 19.000, sin embargo el hecho inquietante es que el número de inspecciones que se realizan sobre las aguas, se ha mantenido cada año como en el último. Así mismo, debe tenerse en cuenta que pese a la falta de control por parte de las autoridades correspondientes, existen empresas donde ellas mismas se han encargado de informar que cerca del 93% (Three coal companies: Loadout, Remington, and Pine Ridge) de sus desechos tóxicos incumplen la normatividad y exceden en la concentración posible de químicos que pudieran tener.

Es por esta razón, y por las demás mencionadas a lo largo del escrito, que debe decirse que para atacar un problema social tan grave como es el de la polución de las aguas en los Estados Unidos, no es suficiente con el acto legislativo que ha estado en el ordenamiento por más de 40 años, y con una serie de instituciones que en teoría han de encargarse de velar por el cumplimiento del mismo pero que en la práctica poco o nada pueden hacer, ante las poderosas industrias que se encargan de contaminar y de hacer un buen lobby para evitar regulaciones que los puedan desfavorecer.

Igualmente se necesitan crear unas instituciones diferentes con las cuales se pueda sortear la dificultad que ciertos personas han intentado enfrentar y que se refleja en el texto cuando dice el abogado Crum que: “good intentions could not compete with intimidating politicians and a fearful bureaucracy” no obstante, no es simplemente con el trabajo del gobierno, sino también con el trabajo de la comunidad.
[1] Clean Water Act of 1977 (95th United States Congress), the Water Quality Act of 1987 (100th United States Congress)

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